El perfil profesional de Javier Romañach es el de un ingeniero experto en accesibilidad a la informática y a la sociedad de la información, aunque nuestro interés se centra en su papel como uno de los más destacados activistas del movimiento de Vida Independiente en nuestro país y prestigioso experto en cuestiones de Bioética relacionadas con las personas con diversidad funcional. En esta entrevista hacemos un repaso a lo que supone la Convención de la ONU para las personas con diversidad funcional y para el propio movimiento de Vida Independiente

¿Qué cambios a corto-medio plazo efectuará la Convención en la vida de las personas diversidad funcional?

En el corto va a ser difícil que se note más allá de los cambios legislativos. A corto lo más importante es que no se podrá aprobar, y si se aprueba se recurrirá, ninguna ley que contradiga la Convención y ese cambio ya es algo. Otra cosa es en el medio que si conseguimos que el impacto de la Convención se lleve a cabo en toda la sociedad, los cambios van a ser bastante potentes.

El cambio más relevante es algo que debería ocurrir y que va a costar que es un cambio de mentalidad que consiste en erradicar la visión de enfermos para convertir la diversidad funcional en una cuestión de derechos.

El segundo cambio importante es el poner fin a todo tipo de residencias y artilugios discriminatorios que encierran a las personas en lugares apartados y cambiar ese concepto por la vida en comunidad y por permanecer en el entorno.

El tercer cambio, que es más importante jurídicamente, es el cambio en el concepto de persona jurídica y en el concepto de in capacitación. Esto va a traer cola más a medio-largo plazo que será modificar nuestros procesos de substitución de tutela y cambiarlos por otros de apoyo a la tutela lo que va a cambiar muchas cosas.

¿Cree que el estado español hará efectiva esta ley o se quedará en papel mojado como muchas otras dirigidas a personas con diversidad funcional?

Si lo va a hacer, porque no le vamos a dejar que no lo haga. Además tenemos herramientas para denunciarles ante la ONU, etc. Si nosotros nos ponemos a trabajar y ellos cumplen con su trabajo, lo van a hacer.

¿Cómo afrontarán los profesionales del mundo del derecho los cambios en el ordenamiento jurídico que supondrá la entrada en vigor de esta Convención?

Dos personas del Foro de Vida Independiente hemos estado colaborando con la Universidad Carlos III para analizar el impacto de la Convención y hemos visto a muchos profesionales del derecho como empezaban y también como seguían después.

Va a ser muy dificultoso el cambio porque es un cambio ideológico. Cuando hemos estado cerca de los profesionales del derecho y les hemos explicado la ideología subyacente, aquellos que lo han entendido y asimilado han ido evolucionando con mucha rapidez ya que esto es ideológico, te lo crees o no te lo crees. El que no se lo crea va a tener muy difícil.

Si sólo dejamos el cambio al albur jurídico, vamos mal. Tenemos que hacer un empuje ideológico desde abajo, desde arriba y desde el medio a las administraciones, a la política y a los jueces para que entiendan que es lo subyacente, que hay aquí debajo. No son sólo cambios en la ley, es un cambio completo de ideología.

Es como ha ocurrido con los gays, no están enfermos, ya tienen sus derechos. Este es un cambio igual de radical: no estamos enfermos, es una cuestión de derechos y eso nos va a costar.

Como profesionales del derecho hay muchos, habrá gente para todo. Cuanto más cerca estén de nosotros, más fácil será que vean el cambio.

¿Servirá esta Convención para evitar situaciones como la originada por el “Decreto de Educación para la Diversidad” de la Xunta de Galicia?

Bueno, hasta donde yo se, el decreto no ha sido aprobado con lo cual esta Convención servirá para paralizarlo. Ese decreto nunca será aprobado y, si lo es, el gobierno del estado tendrá que tomar medidas para paralizarlo. Aunque una comunidad como Galicia quiera ir en contra de la Convención, la propia Convención prohíbe esto al propio estado español, por tanto, será el propio estado español el que tenga que tomar medidas contra un decreto discriminatorio. Un decreto que pretende crear guetos de nuevo.

Si el estado español no lo hace, seremos nosotros los que denunciaremos al propio estado, pero no creemos que esto llegue a producirse.

En su opinión, ¿Porqué las leyes dirigidas a personas con diversidad funcional han tenido un nulo o muy escaso efecto en la vida real de estas personas?

Por falta de ideología. Un colectivo que no considera que lo suyo es una cuestión de derechos, está condenado a sufrir discriminación. El propio colectivo ha actuado siempre sin ideología y sin norte.

Cuando un colectivo adquiere ideología y coge conciencia que su discriminación, cosa que no pasaba hasta ahora por que estábamos anudados por un poder que nos decía que estábamos enfermos no discriminados con lo cual había que reparar no dar derechos, no reclama.

Un colectivo cuando adopta su ideología, lo cual es un proceso lento, es cuando empieza a conseguir logros reales y efectivos. Sin ideología se han conseguido avances y retrocesos. Ahora con ideología y con la convención de apoyo a la ideología entendemos que la cosa irá para adelante.

¿Cómo se hará efectivo el artículo 19 de la Convención que habla de “derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido dentro de la comunidad” que entronca directamente en el modelo de Vida Independiente?

Básicamente esperemos que sea modificando la Ley de Promoción de la Autonomía Personal. Esperemos que esta legislatura sea para dotar de fondos y de estructura social para que esto se desarrolle. A través del Foro de Vida Independiente por todo el país ya hay proposiciones de modificación de ley que están llegando a los partidos.

Este artículo es irrevocable, es uno de los cambios más gordos y no vamos a consentir que no se aplique. Otra cosa será cuando lo consigamos.

Es una cuestión de ideologías, si todo el colectivo con sus tres millones de personas y sus 4.000 asociaciones estuviese en la calle reclamando esto, ya estaría conseguido.

¿Qué opinión le merece la celebración de un acto como este que persigue dar a conocer el contenido de la Convención a la sociedad?

Esto en lugar de hacerse con cero euros y desde la propia ciudadanía con ideología, debería hacerlo la administración pública obligada por la propia convención.

Son tan imprescindibles que es ridículo que tengan que ser asociaciones como VIgalicia, que están aisladas en las esquinas y sin fondos, las que tengan que organizar esto mientras con fondos públicos se organizan jornadas de otra índole.