Desde mayo del 2008 está en vigor la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuya aprobación por el Parlamento fue publicada en el BOE el 21 de abril del 2008. Se trata de un hecho de gran trascendencia para nuestra sociedad y un hito para las personas con diversidad funcional, puesto que supondrá un cambio trascendental de visión sobre esta realidad humana que toca del 10 al 15 por ciento de la población mundial, al definir a la persona diversa como titular irrenunciable de derechos. A pesar de existir numerosos instrumentos y actividades desarrolladas hasta ahora, muchas personas carecen de las oportunidades de la población general. Obstáculos materiales y sociales les impiden recibir educación; conseguir empleo, incluso estando bien formados; tener acceso a la información y comunicarse; obtener atención sanitaria adecuada; desplazarse o moverse; «pertenecer» y ser aceptados, siempre reducidos a un ciclo de invisibilidad.

Toca replegar el minusvalidismo y el viejismo, estimulando herramientas sociales que promuevan dignidad y ciudadanía para la diversidad. Desarrollar la convención puede parecer muy abstracto y lejano, pero el tratado conlleva la obligación del Estado de respetar y hacer respetar los derechos humanos de personas que han sido percibidas y situadas como prescindibles, menos-válidos o, simplemente, dis-ciudadanos componiendo una minoría social de baja prioridad. Las burocracias de jueces y fiscales, de las Administraciones públicas, de los responsables gubernamentales, de los profesionales de la discapacidad, a todas corresponde dejar de estar encima de, para ponerse al lado de las personas con diversidad funcional.

Y como los derechos se ganan, oenegés y ciudadanos comprometidos con la convención debemos transitar del clientelismo a una cultura reclamante. Si queremos llegar a otro destino, hemos de crear una senda nueva.

AUTOR: José Antonio Nóvoa Romay. FONTE: LaVozdeGalicia.es