Demandan que todos los colegios puedan acoger a los niños discapacitados

El Foro de Vida Independiente y Cermi exigen a Educación una política inclusiva. Aseguran que la Consellería estaría perpetuando el “apartheid” social

Los colectivos sociales gallegos en defensa de los derechos de las personas con discapacidades están en pie de guerra con la Consellería de Educación, después de que el padre del niño autista de Vigo, Cecilio García, haya denunciado no solo la falta de escolarización de su hijo desde septiembre por negarse a su traslado a un centro especializado, sino también la situación de aislamiento que propiciará el decreto que regula la atención a la diversidades en los centros educativos gallegos que ultima la Administración autonómica.

Tanto el Foro de Vida Independiente, como el Comité Español de Representantes con personas con discapacidad en Galicia, Cermi, alertan sobre las deficiencias del proyecto de decreto de la Xunta en lo relativo al derecho a una educación inclusiva. Ambos colectivos demandan que todos centros escolares gallegos cuenten con medios para acoger a niños con discapacidad con la finalidad de que los padres puedan ejercer su derecho a elegir el centro donde quieren que sea educado su hijo.

Desde el Foro de Vida Independiente se indica que la educación que garantice la inclusión de las personas con discapacidad es una obligación prioritaria de la Consellería de Eduación, clave para una sociedad que comprenda y valore la diversidad humana y conseguir la igualdad de oportunidades de todos los alumnos. Añaden que en el proyecto de decreto que redacta la Xunta se rechaza en gran medida la educación inclusiva, tal y como se entiende en los países más avanzados de Europa.

Recuerdan que cualquier medida que no propicie la inclusión de los niños tanto en la escuela como en la comunidad donde desarrollan su existencia pertetuará el minusvalidismo y una nueva forma de apartheid social. Insisten en que cuando el sistema educativo no rompe con los mecanismos de segregación, promueve la invisibilidad y la indiferencia, que aseguran una futura disposición social hacia la opresión y hacia la exclusión de las personas diferentes por su diversidad funcional.

Además de acentuar la trascendencia de propiciar la inclusión social desde el colegio, anuncian que presentarán propuestas al decreto de la Xunta incidiendo no solo en que los colegios públicos y concertados deben contar con aulas de educación especial, sino que se inicie un cambio de concepto para promover una educación adaptada para dar respuestas personalizadas a las necesidades de los alumnos.

Advierten a la Consellería de Educación de que por encima de la optimización de los recursos están los derechos sociales fundamentales reforzados por las normas internacionales, y apuntan a la posiblidad de reajustar partidas presupuestarias en otros departamentos sin tener que afectar a los derechos fundamentales como la educación inclusiva.

Desde el Cermi no solo comparten las peticiones y las propuestas del foro al proyecto de la Xunta de Galicia, sino que demandan a Educación que regule el papel de los centros de educación especial como centros de recursos, además de definir sus funciones y el impacto que tendrán en los centros educativos de la zona a nivel organizativo y curricular.

Creen que ha llegado el momento en que se regule también, de forma objetiva y teniendo en cuenta la distribución de la población infantil, la ubicación y composición de los equipos de orientación específicos. Indican desde el colectivo que la realidad impone un cambio que suponga una mayor distribución territorial, estando presentes no solo en las capitales de provincia, ­sino también en núcleos urbanos grandes y zonas rurales alrededor de dichos núcleos”.

Decisión de la asesoría jurídica de educación

Andrés no puede volver al cole

Los servicios jurídicos de la Consellería de Educación han cerrado la última puerta para que el niño autista de Vigo pueda volver a ser escolarizado al negar la petición presentada por sus padres para que regrese a su colegio mientras no exista un pronunciamiento en firme de la justicia. La decisión ha sido comunicada esta misma semana a Cecilio García, padre de Andrés, por el delegado de la Consellería de Educación en Pontevedra, quien le indicó que no hay marcha atrás en la decisión del departamento hasta que la justicia decida.

FONTE: Maite Gimeno. Vigo. ElCorreoGallego.es

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