Oficina de Vida Independente de Galicia (OVI)

La niña discapacitada vuelve temporalmente al colegio “Progreso” gracias a un auto judicial

La madre de la menor, Mónica Sumay, aseguró que llegarán hasta el final.

Anxela López (izquierda) y Mónica Sumay durante la rueda de prensa [Clic para ampliar la imagen]

Alejandra, la niña discapacitada de Catoira, a la que Educación obligaba acudir a un centro especial en Vilagarcía dejando su colegio de toda la vida, “Progreso”, podrá volver a este, gracias a un auto judicial, mientras no se resuelva el litigio presentado por sus padres contra la decisión de la Xunta.

Los progenitores de la menor de 15 años de edad, Mónica Sumay y José Lobato, comenzaron su batalla el pasado año, cuando se enteraron de que, de “manera unilateral”, los responsables de Educación habían decidido que la menor dejase el colegio “Progreso”, ubicado en la localidad donde vive, para acudir a uno de Vilagarcía, especializado en niños con enfermedades como la suya, ya que la niña padece una diversidad funcional.

Cómo incumplir la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad sin morirse de vergüenza

Creo que ya se puede hacer un manual sobre este tema ilustrándolo con ejemplos significativos que ayudarán a la Administración y para-Administración (entiéndase ONG’s del sector) a incumplir directamente lo que desde el 3 de mayo de 2008 es ley en en España: la Convención referida, que viene a refrendar lo que muchos hombres y mujeres con diversidad funcional hemos estado defendiendo desde hace años: el cumplimiento de los derechos humanos.

A título de muestra del contenido de este manual, he aquí algún ejemplo:

La silla de Pablo y las de los conselleiros

Pablo, criatura, tiene tan solo cinco años, pero ha acumulado tanto esfuerzo por salir adelante como si tuviera setecientos. Recién nacido, un virus le provocó una parálisis cerebral que iba a dejarlo atado a una silla de ruedas para siempre. Pero Pablo, valiente, va a la escuela, aunque carece allí de una silla adaptada a sus necesidades. ¿Por qué razón? Nos lo contaba en La Voz anteayer Elisa Álvarez en uno de esos reportajes que dignifican la labor del periodista: porque la compra de la silla, que cuesta en torno a 2.000 euros, fue considerada improcedente por la Xunta, a la que, el curso pasado, se solicitó la prestación.

Entrevista a Javier Romañach

El perfil profesional de Javier Romañach es el de un ingeniero experto en accesibilidad a la informática y a la sociedad de la información, aunque nuestro interés se centra en su papel como uno de los más destacados activistas del movimiento de Vida Independiente en nuestro país y prestigioso experto en cuestiones de Bioética relacionadas con las personas con diversidad funcional. En esta entrevista hacemos un repaso a lo que supone la Convención de la ONU para las personas con diversidad funcional y para el propio movimiento de Vida Independiente

Javier Romañach [Clic para ampliar la imagen]

¿Qué cambios a corto-medio plazo efectuará la Convención en la vida de las personas diversidad funcional?

En el corto va a ser difícil que se note más allá de los cambios legislativos. A corto lo más importante es que no se podrá aprobar, y si se aprueba se recurrirá, ninguna ley que contradiga la Convención y ese cambio ya es algo. Otra cosa es en el medio que si conseguimos que el impacto de la Convención se lleve a cabo en toda la sociedad, los cambios van a ser bastante potentes.

Entrevista a Manuel Blanco

El economista, escritor y experto en Derecho Internacional, Manuel Blanco nos cuenta sus impresiones sobre la Convención de la ONU y los cambios que esta producirá en la vida de las Personas con Diversidad Funcional.

¿Qué cambios a corto-medio plazo efectuará la Convención en la vida de las personas diversidad funcional?

Por ejemplo, cuando contrates un seguro de vida o de salud la Convención establece que no se te puede discriminar por una diversidad funcional. Esto, hasta ahora, si pasaba y en muchos casos hacían lo posible por no hacerte la póliza. Está claro que costará mucho convencer a las empresas afincadas en España de que esto es una obligación.

Intervenciones

José Antonio Nóvoa

Presidente de Vigalicia. "Establecer un nuevo contrato social partiendo de la premisa de que las personas no somos el problema, superando así visiones propias del pasado”. Escuchar la intervención (mp3 38,4 Mb).

Adela Rey

Profesora de Derecho Internacional en la Universidad de A Coruña. “La convención era algo necesario puesto que, hasta ahora, los derechos de las personas con diversidad funcional no se respetaban”. Escuchar la intervención (mp3 60,1 Mb).

Documentación de las Jornadas

Documentación de las Jornadas acerca de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Aportada por los ponentes o relacionada con la convención de la ONU, la asistencia personal o los derechos de las personas con diversidad funcional.

Jornadas acerca de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad

Los pasados 29 y 30 de enero la Facultad de Ciencias Políticas de Santiago de Compostela acogió las “Jornadas acerca de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” organizadas por la Asociación Asistencia Persoal para a Vida Independente, VIgalicia, con la colaboración de la USC, a través del propio Decanato de la Facultad de Ciencias Políticas y del Servicio de Participación e Integración Universitaria del Vicerectorado de Comunidad Universitaria y Compromiso Social.

Apertura de las jornadas[Clic para ampliar la imagen]

La apertura de estas jornadas, en la mañana del día 29, corrió a cargo del Presidente de VIgalicia, José Antonio Novoa, y del miembro del Foro de Vida Independente, Javier Romañach.

Novoa habló de la necesidad de: "establecer un nuevo contrato social partiendo de la premisa de que las personas no somos el problema superando así visiones propias del pasado. Desde el modelo de vida independiente entendemos la diversidad como la capacidad de ser diferente o único y esta es una riqueza que hay que aprovechar”. El Presidente de VIgalicia se refirió a la Convención de la ONU como: “un elemento de superación del lastre asistencial que permitirá ver a las personas con diversidad funcional como sujetos de derechos humanos y no objetos de políticas caritativas”.

Discapacitados: un nuevo enfoque

Desde mayo del 2008 está en vigor la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuya aprobación por el Parlamento fue publicada en el BOE el 21 de abril del 2008. Se trata de un hecho de gran trascendencia para nuestra sociedad y un hito para las personas con diversidad funcional, puesto que supondrá un cambio trascendental de visión sobre esta realidad humana que toca del 10 al 15 por ciento de la población mundial, al definir a la persona diversa como titular irrenunciable de derechos. A pesar de existir numerosos instrumentos y actividades desarrolladas hasta ahora, muchas personas carecen de las oportunidades de la población general. Obstáculos materiales y sociales les impiden recibir educación; conseguir empleo, incluso estando bien formados; tener acceso a la información y comunicarse; obtener atención sanitaria adecuada; desplazarse o moverse; «pertenecer» y ser aceptados, siempre reducidos a un ciclo de invisibilidad.

"El sueño de Luther King sigue vivo para el 25 por ciento de población discapacitada"

Vigalicia reclama a las ONG vinculadas a la dependencia que superen la posición de "buenos clientes" y empiecen la lucha como "reclamantes de derechos"

En la mesa, Xosé Fco. Fernández (esquerda), Antonio Nóvoa y Javier Romanach

En septiembre de 2007 tuvo lugar en Madrid la primera manifestación para España de personas en situación de discapacidad. Era una marcha por la visibilidad que demostró que las cosas empezaban a cambiar y que el colectivo de personas con diversidad funcional había iniciado su rebelión particular en defensa de la igualdad de oportunidades. Poco después, en mayo de 2008, entraba en vigor la Declaración de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a todos los estados firmantes (entre ellos España) a habilitar los mecanismos necesarios para erradicar en su territorio la discriminación por motivos de discapacidad.

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